Panorama |
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EL DESARROLLO MINERO QUE PROMUEVE EL GOBIERNO HA GENERADO UN GRAN DEBATE DEBIDO A LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES QUE ENFRENTARÍA EL PAÍS
Mineras, tras la conquista de Panamá
Hay 181 solicitudes para explorar y extraer minerales y 20 concesiones. El Gobierno ha manifestado su interés de incentivar la actividad.
| LA PRENSA/ David Mesa |
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| Minera en operación en el Corredor Biológico Mesoamericano. 1418222 |
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mzea@prensa.com
En los campos de la provincia de Los Santos se vive un ambiente de tensión por el anuncio de minera Cerro Quema, que pretende extraer oro y plata en 2012 en el distrito de Tonosí.
El Frente Santeño Contra la Minería advierte que “no quieren otro Bocas del Toro” –refiriéndose al resultado de muertos y heridos que dejó la protesta por la Ley 30–, pero “no saben hasta dónde podrán contenerse”. Se oponen al proyecto.
Al oeste del país, un grupo de indígenas protesta contra la posible explotación de Cerro Colorado, uno de los yacimientos cupríferos más grandes del mundo que está en la comarca Ngäbe Buglé, y en el que el Gobierno de Corea ha mostrado interés.
La preocupación de estos grupos de campesinos e indígenas se ha revivido por las luces de alerta que se han encendido en Donoso, provincia de Colón.
Petaquilla Gold tuvo que paralizar su extracción de oro porque su tina de relave, donde se procesan líquidos con cianuro para la producción del mineral, está a máxima capacidad y amenaza con desbordarse. La lluvia es su peor enemigo.
Fue el gobierno de Ricardo Martinelli el que aprobó a finales de 2009 los permisos de operación que tenía pendientes la empresa desde hace más de tres años. Y así, Petaquilla Gold desde enero produce 6 mil onzas de oro al mes.
Sin embargo, la empresa no ha pagado una multa de un millón 934 mil dólares impuesta en noviembre de 2008 por la Autoridad Nacional del Ambiente por daños ambientales, tras interponerse un amparo de garantías en la Corte Suprema.
En el mismo bosque secundario de Donoso, Minera Panamá se prepara para producir cobre en 2015 gracias a la concesión que tiene sobre 13 mil 600 hectáreas.
Estos proyectos son una muestra de los 200 desarrollos mineros que se gestarían en el país si el Gobierno otorgara todos los permisos de explotación que hoy solicitan empresas de capital nacional y extranjero.
Actualmente existen 181 solicitudes y están vigentes cinco contratos de extracción de oro, plata y cobre, sin contar la concesión sobre Corporación de Desarrollo Minero Cerro Colorado, que tendría que explotar el Estado en conjunto con alguna minera privada.
Hay otros 12 contratos de exploración y dos de transporte y beneficio según el informe del Ministerio de Comercio e Industrias.
‘Dorados ingresos’
La administración Martinelli ha encontrado en esta actividad una “mina de oro” para llenar las arcas estatales. Calculan obtener de esta industria por lo menos mil millones de dólares en los próximos cuatro años en concepto de impuestos y regalías.
Con estos recursos financiarían parte del ambicioso plan de inversión estatal que supera los 13 mil millones de dólares.
Por esta misma razón desde hace más de un año se evalúan las reformas al Código de Recursos Minerales, en el que se incrementarían de 2% a 4% las regalías que las empresas deben pagar al Estado. En estas reformas también se dejaría abierta la posibilidad de que gobiernos extranjeros, en alianza con desarrolladores mineros, participen de la actividad.
No es extraño que en medio de un generoso ambiente de inversión y con el repunte del valor de los metales, los ojos de los mineros de todo el mundo se posen sobre Panamá.
Los empresarios incluso anuncian las ventajas de poseer una concesión minera y explotarla en el país. “Aportes al Estado de 2% en regalías”, “no pago de impuesto de importación para el equipo minero” y una “abierta economía pro minera”, expone la minera Capira Dorada en su sitio web en busca de inversionistas.
Pero del otro lado de la balanza hay agrupaciones que cuestionan el hecho de que lo económico prive sobre la protección ambiental.
“Imagínate que un país como Panamá, donde caen lluvias torrenciales, haya cientos de mineras en toda la espina dorsal de la cordillera. ¿Qué pasaría con el agua, salud y el recurso turístico de la gente?”, se pregunta Alejandro Balaguer, de la Fundación Albatros.
El ministro de Comercio e Industrias, Roberto Henríquez, entiende la oposición y el temor que existe respecto al desarrollo de la actividad, pero afirma que garantizarán “una minería responsable”.
No obstante, la pobre supervisión estatal que ha quedado en evidencia en la fiscalización de otras actividades industriales, no deja de preocupar a los gremios de ambientalistas.
Aproximadamente el 44% del territorio nacional está en trámite por concesionarse a las mineras, de acuerdo con la organización internacional The Nature Conservancy (TNC).
“Esto pone en riesgo la integridad de los ecosistemas y altera el medio social de las comunidades aledañas a los proyectos” , agrega un reporte del organismo.
“La minería no es la de antes, donde se hacía un enclave, se extraía el mineral y la cosa quedaba como sea. Ese concepto ha desaparecido”, dice Zorel Morales, directivo de la Cámara Minera de Panamá (Camipa).
Morales comenta que hace 40 años no se contemplaba ningún plan de cierre, lo que ahora se evalúa desde la fase de exploración y con lo que se garantiza que se rehabiliten las zonas explotadas. Este es uno de los puntos que fiscalizan las entidades financieras multilaterales que le prestan el dinero a los mineros para que desarrollen sus proyectos, afirma.
Reservas ambientales
Camipa vislumbra que con el potencial mineral que tiene Panamá, en 2018 el país sería el octavo o noveno productor de cobre en el mundo.
Petaquilla Gold comenzó su actividad comercial este año en parte de las 100 hectáreas concedidas y que forman parte del Corredor Biológico Mesoamericano, indica TNC.
El proyecto Cobre Panamá (de Minera Panamá) en la misma zona proyecta empezar los movimientos masivos de tierra en septiembre de 2011 para construir la infraestructura y producir cobre cuatro años más tarde.
En parte de sus 13 mil 600 hectáreas de concesión se abrirán tres tajos.
El proyecto usaría 5 mil 900 hectáreas para la operación de la mina. En 30 años de operación se estima dejar daños ambientales en 2 mil 200 hectáreas, que serían tres lagos y la presa de relave.
Mayté González, de TNC, advierte que la fragmentación de dicho corredor biológico impedirá “el flujo de especies”, entre otros daños ambientales.
Este corredor abarca América Central y el Sur de México, y busca proteger el ambiente en donde habita un 8% de las especies en el mundo.
Minera Panamá asegura que velarán por la conservación de todas las especies.
Y mientras afinan sus proyecciones, Minera Cerro Quema estima que en 2012 explotaría oro en unas 50 hectáreas de las 4 mil 893 hectáreas concesionadas, dijo Alfredo Burgos, directivo de la empresa.
En el verano próximo realizarían las voladuras con explosivos, acondicionarían el tajo y construirían el tanque de lixiviación –lugar en el que se mezcla la roca con agua y cianuro para separar el oro–.
Estos planes alteran a comunidades de la zona. “Cuando veamos maquinaria vamos a irnos a la calle”, advierte Milciades Pinzón, del Frente Santeño Contra la Minería.
Tonosí, lugar donde se desarrollaría la mina, es una zona abastecedora de carne, leche y arroz, y el principal problema del lugar es la falta de agua y en el área del proyecto hay importantes cuencas, describe el sociólogo Pinzón.
Ello se contrastaría con los planes mineros, pues en un día de operaciones en una mina a cielo abierto se requiere de un de promedio 100 millones de litros de agua, más que la producción total de agua de la ciudad de David.
Además, Cerro Quema se desarrollaría próxima a la falla geológica más importante de Azuero y a 900 metros sobre el nivel del mar, por lo que el Frente teme un accidente con las tinas de lixiviación, en donde se encuentra cianuro.
Hay otras áreas vulnerables, como la comarca Ngäbe Buglé donde se encuentran otros importantes yacimientos de cobre.
En cerro Chorcha, Cuprum Resources Inc. analiza el potencial y rentabilidad de sacar oro y cobre.
Su concesión abarca cinco zonas en la comarca, incluyendo parte del bosque protector Palo Seco, áreas de la Reserva Forestal La Fortuna y el Parque Internacional La Amistad.
En la misma comarca se encuentra también el yacimiento de Cerro Colorado, que se estudia desde 1950 y ha tenido una fuerte oposición por parte de los indígenas de la zona.
Los que apoyan la actividad argumentan la generación de miles de empleos e ingresos económicos, pero Alejandro Balaguer, quien por más de 20 años ha estudiado la minería en Perú y Bolivia, indica que “no existe minera que no sea contaminante. Hay empresas que pueden hacer las cosas mejor que otras, pero el agua y bosques valen más que cualquier mineral del planeta”.
Miseria y abandono luego del cierre de Santa Rosa
Cañazas, Veraguas. El distrito de Cañazas, antes conocido como la “tierra del oro”, se enfrenta a dos realidades: la difícil situación económica de unas 125 familias que dependieron de la minería y que hoy no tienen trabajo; y la preocupación de quienes viven en los alrededores de la zona minera, que advierten la contaminación de los lagos.
El aspecto económico de la región es, sin duda, el principal problema, señala Juan de la Cruz Guerra, quien por 12 años trabajó en la desaparecida Minas Santa Rosa.
Las 125 familias que dependían de la mina construyeron sus casas en la cabecera del distrito y se han devuelto a las áreas más apartadas de la región para dedicarse a la agricultura de subsistencia.
“Es triste que gente que contaba con su vivienda, luz y agua haya migrado al campo. Perdieron sus empleos y no existe otra actividad que genere trabajo, no les queda de otra”, dijo Guerra.
Existían restaurantes, abarroterías y negocios informales manejados por los lugareños, que también cerraron sus puertas porque se redujo el poder adquisitivo de gran parte de la población, detalla el representante del corregimiento cabecera de Cañazas, Anel Alvarado.
Al margen de la bonaza que generó la mina, existe preocupación por la contaminación que podrían generar algunos lagos y otras áreas en donde se procesaba el oro con químicos.
Desde que la mina cerró en 1999 ni la Autoridad Nacional del Ambiente ni el Ministerio de Salud han examinado a los ex trabajadores y familias que vivían en las zonas cercanas a la explotación, cuenta Emiliano Quintero, de 74 años y residente de Cañazas.
“Vivimos en los alrededores de la mina y nos llena de dudas el nivel de contaminación, pues los peces de las lagunas presentan un color extraño y están contaminados con insectos”, añade Quintero.
Ahora hay intentos de reabrir la mina.
Desde la administración del ex presidente Martín Torrijos, los 63 ex trabajadores de Minas Santa Rosa cabildean para reabrirla y crearon la compañía Minera Cañazas S.A.
“La intención era que el Gobierno nos diera la concesión de la desaparecida empresa y con el apoyo de algún consorcio extranjero la explotáramos”, dice Juan de la Cruz Guerra.
El 29 de julio el Gobierno le otorgó la concesión a Silver Global S.A. para transporte y beneficio de oro a través de la trituración, molienda y mezcla de diversos minerales durante 25 años en las 141 hectáreas de la antigua mina.
víctor Eliseo Rodríguez
Chile y Perú, economías crecientes y mineras
Chile y Perú y son dos países mineros y que le deben parte de su desarrollo a esta industria.
Perú es líder en la producción de plata, segundo en zinc, cuarto en plomo y sexto en oro. Chile es el líder en la producción de cobre. Su minería se ha desarrollado en zonas desérticas donde el daño ambiental es mínimo, pero ahora el país debate la búsqueda de minerales en los glaciares. En La Oroya del Perú, en el lugar donde se encuentra el complejo metalúrgico más importante del país, los habitantes sufren severas enfermedades respiratorias a raíz de la actividad minera de Doe Run. La Oroya es uno de los 10 lugares más contaminados del planeta, según el instituto Blacksmith.
El 28 de julio el Gobierno peruano canceló la licencia a la minera estadounidense por ignorar el plazo para cumplir con el plan ambiental, sin embargo, posteriormente se anunció que tiene 20 meses más para adecuar su programa del medio ambiente.
La minera adeuda 110 millones de dólares a proveedores y le falta ejecutar inversiones ambientales por 150 millones de dólares, informa la agencia AP. En tanto, a finales de julio se registró uno de los mayores desastres ecológicos en Huancavelica, provincia del Perú. Los relaves de la mina La Caudalosa Chica derramaron 21 mil toneladas métricas de desecho mineral en los ríos. La descarga altamente ácida afectó actividades de más de 4 mil pobladores que habitan las márgenes de varios ríos.
Mary Triny Zea
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