HUMEDAL en BAHÍA DE PANAMÁ
Anam, contra los manglares
La Anam aprobó un estudio de impacto ambiental del proyecto Panamá Bay, pese a que parte del lugar de construcción está en un área protegida.
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| PAISAJE. El verdor de los manglares podría cambiar pronto por torres de apartamentos, residencias y canchas de golf. Todo en una área considerada como ‘esponja’ para el agua de lluvia, y refugio de aves migratorias. CORTESÍA/ Dave Sherwod / Cavusite.org1465217 |
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JOSÉ ARCIAjarcia@prensa.com La resolución que en 2009 emitió la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) para declarar como área protegida el humedal bahía de Panamá, ha resultado insuficiente para evitar una futura devastación de la zona.
El administrador de la Anam, Javier Arias, autorizó en la reserva ecológica la construcción de un millonario proyecto turístico e inmobiliario denominado Panamá Bay, que estará ubicado en la costa del corregimiento de Tocumen, frente al Corredor Sur.
El proyecto abarca una zona de 519 hectáreas, y algunas de ellas están dentro del humedal, área que se extiende desde los manglares de Juan Díaz hasta el distrito de Chimán, en los límites de las provincias de Panamá y Darién (ver infografía).
De esta manera, un área protegida y destinada, entre otras cosas, a la protección del ecosistema de manglar y a las especies de flora y de fauna, albergará un proyecto que contempla la construcción de un hotel, 15 torres de apartamentos, mil 700 residencias en lotes de mil a mil 500 metros cuadrados y una cancha de golf de 18 hoyos.
Aprobado en Febrero
El pasado 19 de febrero, Arias firmó la resolución que aprueba el estudio de impacto ambiental del proyecto, y con ello violó la Resolución AG-0072-2009 de la Anam –suscrita en febrero de 2009 por la entonces administradora de la entidad Ligia Castro– mediante la cual se creó el área protegida.
Vale decir, sin embargo, que desde 2003 la zona gozaba de una protección ecológica internacional, ya que había sido declarada sitio Ramsar, es decir, un lugar al que llegan las aves migratorias.
La resolución AG 0072- 2009, por su parte, establece que “queda prohibida cualquier actividad que (...) pueda causar daños al área protegida, a sus ecosistemas asociados o interferir con las acciones de manejo del área protegida”.
Además prohíbe la tala y cualquiera otra actividad que afecte el flujo hidrológico de los manglares.
La resolución incluso establece un plazo de dos años, a partir de febrero de 2009, para que la Anam prepare el plan de manejo del área. El plazo vence en tres meses y medio.
Y esto no es todo. En un informe de la dirección de Áreas Protegidas de la Anam, de 2007, se solicitó rechazar el estudio de impacto ambiental del proyecto Panamá Bay.
El documento señala que el proyecto “no es viable” y solicita “su rechazo ya que el área propuesta para el desarrollo no solo se localiza dentro de los límites del humedal de importancia internacional bahía de Panamá, sino que además contraviene disposiciones legales”.
La dirección regional de Panamá metro de la Anam realizó una inspección en diciembre de 2007 al lugar, y presentó un reporte en el que solicita el rechazo por diversas razones. Entre ellas menciona que había un vacío descriptivo en el estudio de impacto ambiental en cuanto al porcentaje de afectación que sufrirá el humedal de bahía de Panamá.
Las advertencias también llegaron de otras autoridades. Un informe de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), de mayo de 2008, advirtió sobre los daños ecológicos que se causarían al ecosistema si la obra se desarrollaba.
“La construcción de una cancha de golf en esta zona puede afectar negativamente los ecosistemas de manglar, por los productos agroquímicos que son utilizados para el mantenimiento”, se lee en el informe de la ARAP.
Reacciones
Grupos conservacionistas no salen del asombro por la aprobación del estudio de impacto ambiental del proyecto Panamá Bay.
“Nos sorprende que la Anam haya aprobado el estudio de impacto ambiental, puesto que el proyecto contempla construir un campo de golf en área de manglares en buen estado de conservación”, declaró Rosabel Miró, directora de la Sociedad Audubon de Panamá.
Miró también recordó que la declaración del área protegida fue un esfuerzo internacional. La activista dice que la misión de observación de la Convención Ramsar de 2008 y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en 2009 recomendaron a la Anam conservar estos manglares.
Raisa Banfield, directora de Panamá Sostenible, manifestó que es preocupante que la Anam desconozca su misión de salvaguardar un área protegida.
No solo se trata de una reserva natural, sino también de un área que funciona como “esponja” para el agua de lluvia y así evitar inundaciones, detalló Banfield.
Contradicción
En la Anam hay contradicciones en las versiones de los funcionarios que explican la aprobación del estudio de impacto ambiental.
Edgar Chacón y Antonio Chan, director y abogado, respectivamente, de Áreas Protegidas, alegaron desconocer la aprobación del estudio. Por su parte, el administrador Arias asegura que avaló el proyecto porque el “área protegida no cuenta con un plan de manejo”.
En estos casos, argumentó Arias, se acoge el plan de manejo del proyecto privado.
Las declaraciones de Arias se dieron al ser consultado durante un evento público. Allí solicitó hablar del tema en su oficina, con el expediente en la mano, ya que –alegó– en ese momento no recordaba con exactitud el proceso de aprobación del estudio.
Cuando llegó el día y la hora fijada para la entrevista, la secretaria del funcionario informó que el encuentro se cancelaba porque Arias “entraría a una serie de reuniones”. Agregó que después llamaría para coordinar nueva fecha.
A la oficina de Relaciones Públicas de la Anam se le recordó que estaba pendiente la cita con Arias, pero tampoco hubo respuesta.
En el expediente hay un informe técnico de la dirección de Evaluación Ambienal –del 12 febrero de 2010– que avala la aprobación del documento.
El aval se da a pesar de que en ese mismo informe se enumeran 23 impactos negativos que ocasionará el proyecto al ecosistema, entre ellos la contaminación por sedimentos, erosión de los suelos y tala de árboles.
Además, el informe hace 60 recomendaciones a la empresa y cita normas constitucionales que se refieren a la protección del ecosistema, y el derecho de la gente a vivir en un ambiente sano y libre de contaminación.
El documento hace hincapié en un decreto –el 209 del 5 de septiembre de 2006– que regulaba el proceso de evaluación de un estudio de impacto ambiental. La norma fue derogada en agosto de 2009, pero la Anam igual lo usa para justificar la aprobación de Panamá Bay.
‘No se afectarán manglares’
Ernesto Durán, tesorero de la empresa Panamá Bay Developers, niega que se vayan a afectar los manglares. Es más, señala que el proyecto busca conservar el área protegida. Su versión fue recogida mediante un correo electrónico, luego de que durante dos semanas se intentó localizar la ubicación física de la empresa, porque se dejaron mensajes telefónicos a dos de sus representantes y no se obtuvo respuesta.
“Consideramos que nuestro proyecto protegerá el hábitat de estas áreas”, dijo. Recalcó que el proyecto urbanizará áreas identificadas como desarrollables, tal como lo establece el estudio de impacto ambiental. No obstante, esa información no está en el documento. La primera vez que se logró contactar a Durán, a través de su celular, negó ser el responsable de hablar, pero luego llamó para decir que atendería. Al final, la respuesta llegó por e-mail.
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ARICA CHILE. ACC 2010. Gabriel Bello (Q.E.P.D) / Jorge Mutant Saavedra (PER).
