La Asamblea removió de su cargo a un personaje que NO HIZO NADA en materia de derechos humanos durante la pasada administración .
Nos referiremos a las denuncias que se presentaron en su momento contra FUNCIONARIOS DEL ÓRGANO JUDICIAL a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO , un total de 5 , todas relacionadas con el CASO #PANAMABODYBOARD y a la que ninguna se le dió el trámite correspondiente que dictamina la LEY .
Es un paso , para depurar el CORRUPTO SISTEMA del ESTADO que ha llevado a Panamá a una crisis en materia judicial , económica y social .
El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó anoche suspender del cargo al defensor del Pueblo, Alfredo Castillero Hoyos, por negligencia notoria en el cumplimiento de los deberes inherentes a su posición y declaró la vacancia absoluta del cargo.
En total, 65 diputados votaron a favor de la remoción del defensor del Pueblo; uno de ellos, el diputado Hernán Delgado, votó en contra y dos panameñistas, Itzi Atencio y Hugo Méndez, se abstuvieron.
Castillero Hoyos fue sometido a este proceso de remoción tras ser denunciado por la presunta comisión de actos de acoso sexual y laboral contra funcionarias y exfuncionarias de la institución.
Antes de ser separado del cargo, el funcionario respondió un cuestionario relativo al caso de acoso sexual y una supuesta negligencia en un caso en el que la Dirección de Migración, en la administración pasada, deportara a una ciudadana de origen venezolano, portadora de VIH, a quien se le debía dar protección.
En su intervención, Castillero Hoyos expresó que no se respetó su derecho a la defensa y se limitó y lesionó la institucionalidad que, asegura, todos los servidores públicos están llamados a garantizar.
“No se me permitió acceso al expediente, se nos dejó en total indefensión”, aseguró, y expresó que no se respetaron las 48 horas a partir del momento de recibida la citación al Pleno, ya que recibió la notificación a las 11 de la mañana del martes.
“Frente a esta situación, no voy a renunciar; si quieren removerme, que lo hagan, pero conscientes de que se trata de un atropello, de una ilegalidad y de otra acción más de violentar la ya frágil institucionalidad de este país”, exclamó Castillero Hoyos.
En respuesta a las acusaciones, dijo ser categórico y afirmó que es falsa cualquier acusación por acoso sexual.
“Quiero dejar claro que en ningún momento he utilizado mi condición de defensor para sacar algún tipo de ventaja de ninguna índole que involucre a funcionarias y a exfuncionarias de la Defensoría del Pueblo”, precisó.
Fuertes acusaciones
A su turno, en el periodo de preguntas y respuestas, la diputada Zulay Rodríguez dijo tener las pruebas de las acusaciones que hay en contra de Castillero Hoyos, e incluso solicitó al pleno cortesía de sala para tres de las presuntas víctimas o denunciantes, lo cual fue negado para no someterlas a una revictimización.
Mientras que la diputada Corina Cano, quien formó parte de la subcomisión que inició este proceso, indicó que les llegó información clara y precisa de personas a las que Castillero Hoyos les habría hecho propuestas indecentes .
“Por situaciones menos graves se han tomado decisiones en esta Asamblea”, dijo Cano, citando el caso de remoción de los exdefensores Liborio García y Patria Portugal.En tanto, el diputado Jairo Salazar tildó a Castillero Hoyos de déspota y corrupto.
“Debemos mandarlo para su casa por acosador”, gritó en el Pleno.Por su parte, el diputado Gabriel Silva defendió la norma legal que permite a la Asamblea Nacional remover al defensor a través de la causal relativa a la negligencia notoria en el cumplimiento de sus deberes, como parte de sus funciones administrativas.
En su defensa, Castillero manifestó que nadie cuestiona la potestad legítima de la Asamblea de remover al Defensor, pero consideró que si se señala de un hecho presuntamente delictivo, debió ser tratado por el Ministerio Público.
La Corte debe decidir
El diputado Hernán Delgado cuestionó el método llevado por la Asamblea para remover a Castillero Hoyos y pidió al Pleno no acelerarse, por más apuro que hubiere de removerlo, al explicar que las causales que se esgrimen (acoso sexual y laboral) no están contempladas en la ley de la Defensoría.
Manifestó que es competencia de la Corte Suprema de Justicia la remoción del defensor del Pueblo por algún tipo de delito.
Expresó que el defensor había interpuesto ante la Cote una advertencia de inconstitucionalidad, un amparo de garantías constitucionales y una demanda de inconstitucionalidad, por las actuaciones de la Asamblea, y que había que esperar una respuesta de la máxima corporación de justicia.
En tanto, el diputado Juan Diego Vázquez cuestionó a Castillero Hoyos por no haber asistido a una citación previa en la Comisión de la Mujer para responder a estas acusaciones.
“No explicó por qué no acudió a esa citación. Para mí, allí comenzó el problema, cuando el defensor elude esa responsabilidad”.
También le criticó cómo habla de la defensa de la institucionalidad habiendo designado a una defensora Adjunta (Maribel Coco) que, asegura, ha sido cuestionada y que su propia ex secretaria general catalogó como una mujer con una desconocida experiencia en derechos humanos y que reconoce que es amiga cercana de un presidente de un partido político y que además fue miembro del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido.El Pleno también aprobó una resolución que establece el mecanismo para el nombramiento en la Asamblea Nacional de un nuevo defensor del Pueblo.
“Por situaciones menos graves se han tomado decisiones en esta Asamblea, como en la remoción de Liborio García y Patria Portugal”,
CORINA CANO
DIPUTADA
La Fiscalía Anticorrupción en audiencia ante el Tribunal de Garantías imputó cargos contra Bob Arango, Jair Peralta, Aníbal Reluz y Jaime Pedrol, por el delito contra la administración pública en perjuicio al Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes)Los Fiscales Leyda Saénz, Marina García, Elizabeth Carrión y Manuel Barrías presentaron en la audiencia pruebas testimoniales, periciales y documentales, que presuntamente responsabiliza a cada uno de los imputados en este caso.Esta investigación inició de oficio en el mes de octubre de 2018; se han realizado allanamientos, inspecciones oculares y un sin número de diligencias que demostraron que más de $13 millones, incumplían con lo establecido en el Decreto 188 del 13 de abril del 2011, que regula los aportes económicos de Pandeportes, que se entregaban a las diferentes asociaciones y federaciones deportivas.Además, se evidencian más de $5 millones que no cuentan con el informe económico que tenía que ser entregado a Pandeportes, todo esto según informe de cumplimento de la Contraloría.
La Juez de Garantías concedió las medidas cautelares de reporte periódico los días 30 de cada mes a 3 personas y al exdiputado no se le aplicó medida.El Ministerio Público apeló la decisión de dos personas que no se les suspendieron sus cargos en la Federación Panameña de Béisboly la Federación Panameña de Baloncesto.
