La reciente carta que un notario público dirigió a un juez civil se ha convertido en el punto de inflexión de la herencia de Alejandro Miranda, un caso judicial radicado en Changuinola, Bocas del Toro, que ha generado controversia durante las últimas semanas debido a una serie de situaciones irregulares y eventos desafortunados.
a reciente carta que un notario público dirigió a un juez civil se ha convertido en el punto de inflexión de la herencia de Alejandro Miranda, un caso judicial radicado en Changuinola, Bocas del Toro, que ha generado controversia durante las últimas semanas debido a una serie de situaciones irregulares y eventos desafortunados.
Alejandro Miranda, mejor conocido como Don Molina, era un empresario que administraba varios negocios y poseía bienes muebles e inmuebles, tanto en Chiriquí como en Bocas del Toro.
En pleno desarrollo de sus capacidades de emprendedor, falleció, a los 72 años de edad, el 28 de junio de 2020 por covid-19.Aunque concibió nueve hijos (seis mujeres y tres hombres) con cinco diferentes madres, a la hora de su muerte Don Molina estaba soltero y vivía en solitario, aunque frecuentaba, de manera informal, a una que otra mujer.
Se conoce que el empresario bocatoreño siempre estuvo pendiente de las necesidades de sus vástagos, todos hoy mayores de edad e involucrados en diversas actividades y profesiones.
Sin embargo, como suele ocurrir con frecuencia en situaciones donde existe dinero en juego, la sucesión de Don Molina ha tomado ribetes que superan la imaginación, a tal punto que, por ejemplo, han aparecido dos personas (del sexo femenino para ser precisos) quienes, contra viento y marea, desean formar parte del legado financiero de Don Molina, a pesar de que ambas no pertenecen al grupo de herederos legítimos del difunto.
Rebeca Correa Villalta y Suelen Cortés Correa, madre e hija, no guardan ningún parentesco con Don Molina. No obstante, la primera pretende que se reconozca, de manera retroactiva, un matrimonio de hecho, lo cual le permitiría recibir automáticamente una parte sustancial de la herencia; y la segunda argumenta que el fallecido le vendió por solo $100 una propiedad en David, Chiriquí, que está ubicada en un sector exclusivo de aquella comunidad.
Varios testigos entrevistados por La Estrella de Panamá aseguran que Don Molina había preparado el testamento, en el cual solo cedería bienes a sus sucesores genuinos.
“Yo era muy cercano con Don Molina. Recuerdo que, un par de años antes de su deceso, afirmaba que sus asuntos legales ya estaban en regla gracias a un testamento perfeccionado.
Jamás escuché a Don Molina indicar, por ejemplo, que la valiosa casa en David la había vendido ni la vendería a un extraño, mucho menos por la ridícula suma de 100 dólares”, explicó uno de esos declarantes quien exigió completo anonimato para evitar represalias.
Otro testigo, quien demandó igualmente la reserva de su identidad, manifestó que Don Molina era un hombre magnánimo, con mucho sentido social. “Pero no creo que fuera tan tonto como para vender la casa de David por unos ridículos 100 dólares, sobre todo a una persona con la cual no tenía ningún vínculo familiar, amical o afectivo”.
No obstante, a manera de un misterio por resolver, el testamento de Don Molina no aparece por ningún lado.
Es una verdad de a puño que, cuando ni siquiera se había enfriado el cuerpo inerte de Don Molina, Suelen Cortés Correa contrató al abogado Manuel Mármol Reyes para terciar en el juicio de sucesión y convencer a la justicia de que la casa davideña no debería formar parte de la herencia de los hijos legítimos, porque la había comprado de manera legal gracias a una operación comercial que contaba con todos los requisitos y las formalidades.Cortés Correa presentó ante el tribunal el aludido contrato de compraventa, donde aparecía la presunta firma de Don Molina.
Pero un grupo de hijos vetó el documento, pues ellos sabían, a ciencia cierta, que la signatura del padre era apócrifa. Con la finalidad de disipar dudas, la jueza del caso se auxilió en la grafóloga pública Sindy González Ruiz, quien provino de Veraguas, ya que ni en Bocas del Toro ni en Chiriquí contaban con expertos para analizar manuscritos.
Por su parte, los opositores al documento contrataron a Manuel Llorente Herrera, perito caligráfico privado con reconocimiento nacional. Este último determinó que la firma no era de Don Molina, mientras que la experta del Ministerio Público no ofreció ninguna respuesta concluyente, ya que adujo que necesitaba documentos adicionales para ofrecer un mejor peritaje.Con esta audiencia, la joven Cortés Correa sintió que la casa davideña se escapaba de sus manos; abrigaba, sin embargo, la esperanza de que la juzgadora se inclinaría hacia ella.
Pero Suelen desconocía que un tornado judicial se acercaba de manera inminente.En efecto, la jueza primera de Circuito Civil de Bocas del Toro, Florencia Ríos Estribí, recibió el pasado 20 de mayo del año en curso una carta del titular de la Notaría Primera del Circuito de Chiriquí, Jacob Carrera Spooner, en la cual detalla que Cortés Correa inició, el 7 de octubre de 2019, un proceso para confeccionar una escritura pública de compraventa con Don Molina, pero ello nunca se materializó a pesar de que la notaría eligió una fecha precisa (mucho antes del fallecimiento del empresario) para que ambos, vendedor y compradora, acudieran personalmente para la firma del protocolo.
“Tiempo después se presentó la Sra. Suelen y nos solicitó la devolución del plano de desglose [del terreno], y nos informó que esto obedecía a que el Sr. Alejandro Miranda [Don Molina] había fallecido el día 28 de junio de 2020, por lo que procedimos a realizar la devolución del plano y a requerirle que cancelara los honorarios de la escritura, lo cual en efecto ella realizó”, explicó el notario Carrera, quien adjuntó copia de la impresión de la escritura, la cual contiene muchos “espacios vacíos” porque el documento nunca se concretó.
.La misiva del notario Carrera echa al agua toda pretensión de Suelen Cortés Correa para demostrar ante el juzgado que la mencionada casa de David, propiedad de Don Molina, debería estar segregada del juicio de sucesión relacionado con los herederos legítimos del empresario fallecido.
Consultado en la ciudad de Panamá, un abogado ajeno al caso de Don Molina, pero con experiencia suficiente en el campo de las disputas civiles, comentó que si, en realidad, Suelen Cortés Correa entregó al juzgado el documento en mención, entonces presuntamente hay indicios que pueden conducir hacia el delito de falsificación de firma y una supuesta mala intención de la citada ciudadana.
“Ese asunto ya no es de carácter civil. Ahora es penal.
A la jueza no le queda más remedio que compulsar [enviar] copias de este hecho al sistema penal acusatorio”, detalló el letrado.
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