La Asociación de Stand Up Paddle (ASUP) logró ganar un recurso de amparo presentado a la Sala Constitucional contra la Federación de Surf de Costa Rica (FSCR) y obtuvo a su favor un embargo preventivo equivalente a los 55,2 millones de colones. Todavía queda otro juicio por daños y perjuicios contra el ente federativo en el Tribunal Tercero Civil de San José que está aún en desarrollo.
Este embargo preventivo contra la entidad federativa surgió debido a que la resolución Número 2026013371 con el expediente 26-005634-0007 CO favoreció de manera unánime a la ASUP contra la FSCR tras asegurar que su expulsión del seno federativo el 20 de enero del presente año se dio sin respetar los derechos de legítima defensa y debido proceso, ya que de acuerdo con su criterio nunca se les brindó la oportunidad de recibir asesoría legal, ni se les informó de los hechos que fundamentaban el castigo ni se les entregó una nota oficial con esas motivaciones y de este modo tener margen para apelar.
De acuerdo con Karl Villalobos, abogado de la ASUP, el monto es subdivisible entre daños y perjuicios y garantía por los gastos legales del proceso legal. «Estos dineros tienen una orden de ser embargados para cubrir la suma de 36,8 millones de colones por daños y perjuicios a la ASUP, más un 50% adicional como garantía para cubrir los gastos legales del proceso. Entonces la cantidad del embargo es por el monto de 55,2 millones de colones».
De acuerdo con la misma asociación, mediante un comunicado de prensa sacado el día posterior a esta noticia, toda la trifulca judicial entre la federación y la asociación empezó desde que ellos solicitaron aclaraciones de recursos presupuestados para la práctica del Stand Up Paddle (tabla con remo de pie), en términos de ingresos, gastos, pasivos y recursos para las competencias; sin recibir respuesta nunca de la entidad federativa. Algo que hasta el momento, según ellos, aún no ha variado.
Se intentó consultar por la versión del presidente federativo Roberto Vargas, quien se limitó a indicar lo siguiente: “El caso está en manos de nuestro asesor quien presentará la oposición correspondiente dentro del plazo de 10 días hábiles que nos dio el Juzgado.
Por respeto al proceso judicial y a la estrategia legal, me abstengo por ahora de dar declaraciones de fondo”. Además, se le consultó a Walter Brenes, quien era entonces uno de los asesores legales federativos, y él se limitó a indicar que ya no asesoraba a la Federación. «No sé por qué me está llamando para esto (la noticia del embargo, y los pasos por seguir), si yo ya no pertenezco a la Federación ni soy su asesor legal. Si aún estuviera asesorándolos no estaría pasando esto».
Pero a lo largo del proceso, mientras fue parte de la Federación, se encontró que Brenes intentó interponer una querella contra la surfista de bodyboard Lorgie Quesada a raíz de las palabras de ella el pasado 17 de octubre a este semanario por supuestos delitos contra el honor después de que ella acusase a Brenes y a la exfiscal Andrea Díaz de haberse cambiado de bando una vez integrados en la Federación, pero esta no tuvo éxito en la instancia donde la intentó interponer (Tribunal Penal del II Circuito de San José) y fue remitida al Tribunal de Quepos. «Antes levantaba (Díaz) la voz por los atletas, había demandas, por ahí tengo un recurso de amparo contra la Federación en conjunto con Walter Brenes, pero ahora se pasaron de bando y trabajan para la Federación.
Cuando ella decía que había que levantar la voz por los atletas no hacía nada, pero ahora que está dentro de la Junta Directiva, uno lo hace y lo agarra contra uno personal. Lo que ella tanto peleaba el año pasado se contradice», había comentado Quesada, quien meses después escribió una columna de opinión compartida por el medio Guananoticias en donde critica la querella en su contra, y donde asegura que el propio Brenes, como parte de la ASUP en diciembre de 2024, había hecho un recurso de amparo contra la Federación pero había sido rechazado ad portas por la falta de los mínimos criterios necesarios para su admisibilidad.
